Ana Lucia Villa Jefe de la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, en dialogo con el diario El Heraldo destacó San Andrés es el mejor Departamento y sobresale en la Región Caribe con el mejor desempeño fiscal, mientras que Barranquilla y Montería son las ciudades más destacadas, pero preocupa la situación financiera de La Guajira, hasta el punto de que es considerado como el peor departamento de la Región Caribe en desempeño fiscal.
San Andrés: Generación de superávit de ingresos propios

El saneamiento fiscal ha tenido positivos resultados: ajuste de gastos de funcionamiento por debajo de límites legales, cancelación de la totalidad del pasivo no financiero, prepago de la deuda pública a las entidades financieras, recuperación de la capacidad autónoma de endeudamiento y generación de superávit de ingresos propios que han permitido incrementar la inversión. Con la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos se ha establecido un fondo de contingencias, que la DAF recomienda mantener y fortalecer con los recursos necesarios, que permitan responder adecuadamente ante cualquier eventualidad.
Para Ana Lucía Villa, Jefe de la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, del Ministerio de Hacienda, su mayor preocupación es que la plata que les entrega el Estado a Gobernaciones y Alcaldías sea bien utilizada.
Y es precisamente con ella que los mandatarios deben concertar algunas de sus inversiones. En diálogo con EL HERALDO, la funcionaria del Gobierno Nacional hizo una radiografía acerca de cómo avanza el proceso de Ley 550 -norma considerada la tabla de salvación para las finanzas de las entidades territoriales- en siete ciudades capitales y siete departamentos de la Región Caribe.
“En Barranquilla, es increíble como pasa el indicador de inversión del 2002 al 2012. Cambió el gasto de funcionamiento por gasto de inversión pública. Ya la plata no se pierde, la plata se invierte”, dijo Villa, al señalar que la capital del Atlántico empezó a cambiar su desempeño fiscal en el 2008, en la administración del alcalde Alejandro Char.
Esta funcionaria, a quien no le tiembla la mano para defender las finanzas públicas, expresó su preocupación por la crítica situación de Cartagena.
“Es una ciudad con mucha plata, pero con unos niveles de corrupción que ya son raros verlos en la Costa. Y lo digo con toda la franqueza, porque si entidades territoriales como San Andrés, por ejemplo, dan superávit fiscal es porque está haciendo un buen uso de los recursos. Y en el caso de Santa Marta, si es capaz de salir de una crisis, es porque aquellas prácticas que no eran las adecuadas se dejaron de hacer. Pero en Cartagena parece que no hubiera pasado el tiempo”.
La funcionaria sentenció que la capital de Bolívar va a entrar en una crisis. “Creo que a todos los costeños les va a tocar ayudar, porque Cartagena va por un despeñadero. Va a depender de si eligen bien a su gobernante o no. En estos momentos, la ciudad no aplica a ningún tipo de apoyo”.
Villa insistió en su recomendación a los mandatarios para que hagan un buen uso de los recursos públicos y mejoren su capacidad institucional para que puedan ejecutar de una manera adecuada los recursos.
“Los recursos públicos están destinados a mejorar las condiciones de vida de la gente que habita las regiones”, enfatizó.
Atlántico: Programa de saneamiento fiscal- Ley 617 de 2000-
Para superar la difícil situación financiera reflejada en la imposibilidad de ajustarse a los límites legales del gasto, la acumulación de pasivos de vigencias anteriores y la crítica realidad de endeudamiento, en 2001, el Departamento del Atlántico suscribió un programa de saneamiento fiscal – Ley 617 de 2000 – mediante el cual reestructuró deuda financiera por $78.653 millones con garantía de la Nación del 40% y obtuvo de las entidades financieras un crédito por $5.288 millones, con el 100% de la garantía de la nación para financiar el ajuste fiscal. Los indicadores financieros obtenidos en los años siguientes reflejaron el cumplimiento del programa de saneamiento suscrito. Los principales riesgos se asocian a cerca de 4.000 casos que están en proceso de depuración, de los cuales 1.495 procesos judiciales y administrativos están valorados en $812.882 millones.
Bolívar canceló las acreencias establecidas
La Gobernación de Bolívar cumplió los compromisos adquiridos durante la vigencia del Acuerdo y canceló la totalidad de las acreencias establecidas en el inventario de acreedores y acreencias, por lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 550 de 1999, terminó el acuerdo con sus acreedores el 18 de julio de 2012. La cantidad de procesos que cursan en contra de la Gobernación representan un alto riesgo para su situación fiscal y financiera. Por esta razón, la entidad se comprometió a fortalecer la provisión del fondo de contingencias y ajustar su marco fiscal de mediano plazo. La intervención de la Secretaría de Salud por parte de la Supersalud no ha dado resultados concretos frente a la crisis del sector.
Córdoba: Acuerdo de pasivos en proceso de modificación
Entre 1999 y 2004, el Departamento ejecutó un convenio de desempeño con el Minhacienda (Ley 358 de 1997); entre 2004 y 2005 adoptó autónomamente un programa de ajuste fiscal y financiero (Ley 617 de 2000), y entre 2005 y 2008, el Departamento ejecutó un acuerdo de reestructuración de la deuda, pactado de manera autónoma con las entidades financieras y la Nación. En mayo de 2008, es aceptada la solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos (Ley 550 de 1999), el cual fue suscrito en 2009 ( $544.000 millones acreencias y $99.000 contingencias). El acuerdo de pasivos está en proceso de modificación, atendiendo una sentencia proferida por la Superintendencia de Sociedades.

La Guajira: Retos, riesgos y oportunidades
Uno de los principales riesgos sigue siendo la presencia de 979 procesos judiciales en curso, cuyas pretensiones ascienden a $118.386 millones. La crisis financiera de los hospitales de segundo nivel y de la Universidad de La Guajira pone en riesgo no sólo la prestación de los servicios, sino la capacidad financiera de la entidad. Debido a la crisis financiera de los Hospitales y las dificultades evidenciadas en la ejecución de los recursos del SGP sector salud y educación, se ordenó a la Gobernación adoptar la medida preventiva de Plan de Desempeño (Decreto 028 de 2008), el cual se suscribió en 2010. El Departamento de La Guajira ha mostrado una alta dependencia de los recursos de Regalías, lo cual lo ha llevado a financiar gastos corrientes (transferencias de Ley 30 para la Universidad) con los mencionados recursos.
Magdalena sigue en acuerdo de pasivos
En 2009. se llevó a cabo la modificación del Acuerdo debido a factores que incidieron sobre su ejecución y que desbordaron el gasto corriente del departamento, a saber: la situación financiera de las EDS, el incumplimiento en el pago de obligaciones corrientes en el sector salud, embargos y procesos judiciales y el cobro de cuotas partes. El total de pasivo considerado en la modificación, incluyendo el saldo del acuerdo inicial ($65.757 millones), el nuevo pasivo ($110.397 millones) y el contingente originado en demandas y litigios ($43.987 millones), alcanzó los $220.14 millones, para ser cancelados hasta el 2021. Contingencias judiciales (791 procesos, con pretensiones por más de $110.000 millones) del sector central y procesos de las descentralizadas liquidadas que a la fecha no tienen cuantificación. Carga pensional elevada: 1.668 pensionados (Al cierre de 2010, por cada funcionario activo tenía 7 pensionados).
Sucre: Racionalización del gasto y saneamiento del pasivo
En 2010, suscribió un acuerdo de reestructuración de pasivos que le permitirá mejorar su situación financiera, solo si adopta las medidas de fortalecimiento de ingresos, racionalización del gasto y el saneamiento del pasivo. La DAF advierte contingencias judiciales (1.450 procesos judiciales, con pretensiones por más de $315 mil millones) y ausencia de recursos suficientes en el fondo de contingencias. Advierte, además, el riesgo que para el Departamento genera la dinámica financiera del sector descentralizado, especialmente en las Empresas Sociales del Estado del Sector Salud y con mayor énfasis en los Hospitales Regional Sincelejo y Regional San Marcos, dados los problemas de liquidez evidenciados en sus estados financieros. Subsisten riesgos por acumulación de pasivos, contingencias judiciales y la debilidad institucional en la planeación financiera y presupuestal.
Barranquilla: Incidencia del acuerdo de reestructuración
En 2002, suscribió un acuerdo de reestructuración de pasivos, en el que se comprometió a cancelar obligaciones por $501.394 millones en un plazo de 14 años y a adoptar medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto público y fortalecimiento de los ingresos propios. El acuerdo ha sido modificado en 2004 y en 2008. En 2012, la Nación y el Distrito reestructuraron la deuda vigente, ampliando su plazo del 2015 al 2018. A 31 de Diciembre de 2012, el Distrito informó al comité de vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que se habían cancelado todas las obligaciones no financieras que hicieron parte del Acuerdo, con excepción de aquellas a favor de la Triple A, con programación de pago para 2013.
Cartagena: El pasivo pensional amenaza las finanzas
En 2001, la entidad territorial suscribió un programa de ajuste en el marco de la Ley 617 de 2000 con el fin de atender integralmente la crisis estructural por la que atravesaban sus finanzas, en particular la acumulación de pasivos correspondientes a obligaciones laborales, pensionales, parafiscales, bancarias y de proveedores, que con corte a 31 de Diciembre de 2.000 ascendieron a $52.300 millones. El pasivo pensional de la entidad es una amenaza importante de las finanzas distritales, pues la cobertura apenas alcanza el 11%. A esto se suman las contingencias judiciales, que alcanzan un número y un monto estimado considerables.
Montería modificó acuerdo de acreencias
En Julio de 2004, el Municipio suscribió un acuerdo de reestructuración de pasivos para pagar obligaciones por más de $48.000 millones en un plazo de 8 años. Dado el crecimiento de los ingresos, el Municipio prepagó obligaciones reconocidas en el acuerdo. En 2010, fueron identificadas obligaciones no incorporadas al Acuerdo (Fomag, Findeter). En consecuencia, suscribió una modificación al Acuerdo en el cual prorrogó el pago de acreencias hasta la vigencia 2013, y actualizó el escenario financiero a la realidad de la entidad territorial. No obstante, fueron presentadas objeciones ante la Supersociedades a las decisiones tomadas en la reunión de determinación de acreencias y el derecho de voto. Por lo tanto, en 2012 fue surtido nuevamente el proceso.
Riohacha con positivos avances
En el cuatrienio 2008-2011, Riohacha registró variaciones reales positivas en los recaudos propios y en las transferencias, tendencia que se reforzó por el repunte de los ingresos de capital. Por su parte, la dinámica del gasto ha mostrado descensos en los gastos de funcionamiento y un fortalecimiento de la inversión.
A pesar de contar con un fondo de contingencias y un fondo de acreencias que permiten garantizar el pago oportuno de los fallos en contra, se puede constituir un nivel de riesgo por el monto de la cuantía de los procesos ($36.934 millones). El sector educación presenta varios eventos de riesgo, bajo el decreto 028/2008.
Santa Marta terminó con éxito su acuerdo
En Enero de 2004, el Distrito suscribió un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, en el que negoció la reestructuración y pago de acreencias por $104.000 millones para ser canceladas en un periodo de 14 años. No obstante, el déficit acumulado en los sectores de salud y educación, fallos judiciales en contra, pasivos contingentes originados en entidades descentralizadas en liquidación, y pasivos no incorporados en el acuerdo inicial, llevaron a la primera modificación del acuerdo en noviembre de 2008. El total de pasivo considerado en la modificación alcanzó los $175.337 millones, para ser cancelados hasta el 2012. Al cierre de 2012, la entidad terminó exitosamente la ejecución del Acuerdo por pago de todas las acreencias.
Valledupar: Obligaciones por más de 200 mil millones de pesos
Valledupar acaba de ser autorizada para acogerse a la Ley 550 a partir del primero de enero de 2014 y por un periodo de ocho años, para sanear obligaciones y créditos por más de 200 mil millones de pesos Desde el 2009, la tendencia de la deuda pública del municipio ha sido ascendente. Se tiene programado pagar el 100% del saldo de la deuda entre 2011 y 2029.
En opinión de la jefe de la DAF, es importante que el Municipio incorpore dentro de su marco fiscal de mediano plazo los posibles riesgos derivados de las entidades descentralizadas, de los sectores educación y salud, y procesos judiciales en contra.
Sincelejo: pagos más altos serán en el 2014
El municipio, al cierre del año 2011 mostraba capacidad de endeudamiento en los términos de la Ley 358 de 1997. Pero el cálculo de los indicadores de capacidad real de pago los muestran en instancia crítica (semáforo rojo), por el pasivo acumulado y la alta participación de los recursos del balance en su estructura financiera. En cuanto a la deuda, en el periodo 2008 – 2011 el municipio incremento por 10 su nivel de endeudamiento. El pago de amortizaciones se concentra en el periodo 2012 - 2018. Sin embargo, en 2014 se realizarán los pagos más altos. Entre los meses de febrero y marzo de 2013 se puso a consideración de los acreedores la propuesta de pago que elaboró el Municipio con la asistencia de la promotora.
Por Alexandra De la Hoz y Redacción Regional